Un alto funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Bío Bío se ha sumado a la lista de trabajadores del sector público en la zona que enfrentan procesos administrativos debido a visitas a casinos de juegos, una acción que contraviene las prohibiciones legales establecidas para los servidores del Estado.
El caso ha cobrado relevancia debido al cargo que ostenta el implicado y las circunstancias en las que se habrían producido los hechos. De acuerdo con los antecedentes recabados, la investigación recae sobre Martín Taub, quien se desempeña como jefe de la Dirección de Gestión Estratégica de la institución. El proceso administrativo se inició a raíz de una serie de antecedentes proporcionados por la Contraloría, los cuales detallan el ingreso del funcionario al Casino Dreams de la ciudad de Coyhaique.
Lo que agrava la situación es que el ingreso al establecimiento de juegos ocurrió mientras el directivo se encontraba cumpliendo una comisión de servicio en la región de Aysén, lo que pone en cuestiona la utilización del tiempo y los recursos destinados a sus labores profesionales en el marco de dicha misión regional.
La existencia de este proceso administrativo fue confirmada oficialmente por el seremi de Justicia, Robert Contreras. La autoridad regional explicó que actualmente se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades administrativas del funcionario. El seremi enfatizó que el organismo se encuentra a la espera de los resultados finales de este sumario para proceder con las acciones correspondientes.
“Efectivamente existe un proceso administrativo que está en proceso de investigación y en base a aquello estamos esperando los resultados que ello determine para ver si efectivamente existen de alguna manera responsabilidades administrativas”, aseveró Robert Contreras.
Asimismo, el seremi detalló que, una vez que el sumario arroje sus conclusiones, los resultados y las sanciones propuestas deberán ser entregados al Consejo Directivo de la Corporación. Será este órgano el encargado de tomar la decisión final sobre el destino laboral del funcionario. Contreras subrayó la jerarquía del investigado, señalando que se trata de un funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial que posee el mayor grado dentro de su estamento, lo que añade una capa de complejidad y escrutinio al caso.
Ante la apertura de este proceso, Marcelo Inostroza, dirigente de la CAJ, ha hecho un llamado público para que la causa administrativa se desarrolle estrictamente bajo los parámetros del debido proceso, asegurando que se respeten todas las garantías legales del funcionario involucrado durante la etapa de investigación.
Sin embargo, la situación ha puesto de relieve tensiones internas y problemas de gestión dentro de la institución. El presidente de la Asociación de Funcionarios del organismo aprovechó la resolución de este caso para denunciar una problemática más amplia y sistémica en la Corporación. El representante gremial subrayó que existe una acumulación preocupante de procesos pendientes, señalando que hace más de seis meses se espera la resolución de más de medio centenar de sumarios administrativos.
Esta denuncia sobre los 50 sumarios pendientes sugiere que el caso del jefe de la Dirección de Gestión Estratégica no es un hecho aislado, sino que ocurre en un contexto de lentitud procesal interna que afecta a diversos trabajadores de la institución.
En resumen, la situación actual se encuentra en una etapa de espera. Mientras la Contraloría ha aportado las pruebas del ingreso al casino en Coyhaique, el Seremi de Justicia aguarda el cierre del sumario administrativo para que el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial determine si el comportamiento de Martín Taub amerita sanciones legales o administrativas, todo esto mientras la Asociación de Funcionarios exige celeridad en la resolución de los múltiples procesos pendientes en la entidad.
