Daniel Josué Salcedo Bonilla, ciudadano ecuatoriano de 37 años, ha aceptado formalmente ser extraditado a los Estados Unidos. El proceso se concretó ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, luego de que el sentenciado, quien es identificado en los documentos de acusación con el alias de "Bello", accediera a consentir el traslado una vez finalizadas las consultas con su equipo de defensa técnica.
En un primer momento, Salcedo se había negado a aceptar la extradición, justificando su postura inicial en que no tenía conocimiento detallado sobre la causa ni sobre los procesos específicos por los cuales era requerido por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, tras mantener una segunda consulta de aproximadamente 30 minutos con sus abogados, el procesado cambió su decisión y aceptó el traslado.
Una vez que se concrete la extradición, Salcedo deberá comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Allí enfrentará una serie de cargos graves que incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer armas de fuego —específicamente ametralladoras—, así como conspiración para cometer lavado de dinero y el delito de lavado de dinero propiamente dicho.
La acusación formal, detallada en el caso 26 CRIM 0187, incluye una declaración jurada de la Agencia de Control de Drogas (DEA). En este proceso judicial, Salcedo es demandado junto a Ronald Patricio Herrera Ramírez, un teniente de policía del Área de Investigaciones que fue dado de baja en el año 2021. Según el Gran Jurado del Distrito Sur de Nueva York, entre los años 2023 y 2026, los implicados intervinieron en delitos que comenzaron fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, señalando específicamente a Ecuador y Colombia como lugares de origen de estas actividades.
En cuanto al cargo de conspiración para la importación de narcotráfico, el documento sostiene que Salcedo, Herrera y otros individuos, conocidos y desconocidos, conspiraron intencionalmente para violar las leyes de narcóticos estadounidenses. El objetivo de dicha conspiración era la fabricación y distribución de sustancias controladas para su posterior importación ilegal al territorio aduanero de Estados Unidos. La fiscalía estadounidense afirma que la sustancia controlada importada ilegalmente por Salcedo y Herrera pesó cinco kilogramos o más de mezclas que contenían una cantidad detectable de cocaína.
Paralelamente, los cargos segundo y tercero se centran en la posesión y conspiración para poseer ametralladoras. La justicia estadounidense sostiene que, entre 2023 y 2026, en Ecuador, Colombia y otros lugares, los demandados utilizaron y portaron armas de fuego en relación con el delito de tráfico de drogas. Se presume que los sospechosos acordaron entre sí violentar las normas estadounidenses mediante el uso de este armamento para facilitar la importación de narcóticos.
Respecto al cuarto y quinto cargo, centrados en la conspiración y la ejecución de lavado de dinero, estos aplican exclusivamente para Daniel Salcedo y no para Ronald Herrera. La acusación señala que alias "Bello", junto a otros colaboradores, operó entre 2023 y 2026 en Ecuador, Colombia y otros puntos geográficos para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos provenientes de la importación de narcóticos. Se detalla que Salcedo realizó transacciones financieras afectando el comercio interestatal y exterior, utilizando instituciones financieras para blanquear las ganancias de actividades ilícitas.
Mientras se gestiona su traslado a Nueva York, Salcedo enfrenta una compleja situación jurídica en Ecuador. Actualmente, se encuentra sentenciado a casi 40 años de prisión por delitos que incluyen peculado, lavado de activos y delincuencia organizada. Además, espera la decisión de un juez en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio, donde se determinará si es llamado a juicio como uno de los autores intelectuales del crimen.
Finalmente, el procesado deberá ser convocado para reinstalar la audiencia de doble conforme en la Corte Nacional de Justicia. Este proceso definirá si la pena de trece años de cárcel por el delito de lavado de activos, impuesta a Daniel y a su hermano Noé Salcedo, queda en firme.
