En el marco de los 50 años de servicio de los aviones F-5 en Chile, una investigación ha revelado una serie de eventos turbulentos ocurridos durante la década de los ochenta. Estos hechos involucran el suministro secreto de armamento a Irán, la fabricación de bombas de racimo defectuosas por parte del Ejército chileno y el secuestro de un oficial, el cual habría sido coordinado desde el interior de las propias Fuerzas Armadas para evitar un acuerdo comercial comprometedor.
La historia se remonta a los años 80, cuando el ingeniero y empresario Carlos Cardoen comenzó a fabricar armamento con el apoyo de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (FAMAE). En el contexto de la guerra entre Irán e Irak, Cardoen vendió aproximadamente 29 mil bombas de racimo a Irak, en una operación valorada en unos 200 millones de dólares. Este negocio despertó el interés del Ejército chileno, que decidió dejar de ser un socio menor para desarrollar su propia producción. Para lograrlo, FAMAE contrató al ingeniero principal de Industrias Cardoen y creó Ferrimar, una empresa fachada destinada a producir sus propias bombas de racimo, conocidas como "avispa".
A pesar de que Cardoen demandó a Ferrimar en 1985 por el robo de sus diseños, la empresa continuó la producción y buscó clientes. Irán, el adversario de Irak en el conflicto de Oriente Medio, se convirtió en el comprador natural. Debido a que Estados Unidos había impuesto una prohibición de comerciar armas con Irán, la operación debía mantenerse en secreto. Sin embargo, en enero de 1987, el diario The Daily Telegraph de Londres reveló la existencia de un trato entre chilenos e iraníes, especulando incluso sobre la venta de aviones F-5.
Posteriormente, la revista Qué Pasa denunció que Ferrimar había utilizado un certificado de usuario final falso para engañar al Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento aseguraba que 500 bombas serían exportadas al Ejército de Nigeria, firmado por el mayor Da-Cocodia, quien en realidad había sido dado de baja el año anterior. El destino real de la carga era Irán.
El desastre se materializó en 1990, cuando se reveló que las bombas de Ferrimar carecían de la calidad de las de Cardoen. En febrero de 1986, un primer lote de 100 bombas llegó a Teherán, pero las pruebas iniciales fallaron. El 11 de julio de 1986 se realizó una prueba definitiva en un campo cercano a Qom, pilotada por el coronel Abadin, jefe de la Fuerza Aérea Iraní, en un avión Phantom F-4. Según relatos de El Mundo de España, la primera bomba explotó prematuramente, dañando el avión. Al lanzar la segunda, el artefacto estalló sin separarse de la aeronave, provocando un incendio en uno de los reactores. El avión entró en barrena y se estrelló, dejando al coronel Abadin herido.
Como consecuencia, los ingenieros chilenos y el intermediario francés Bernard Stroiazzo fueron retenidos por las autoridades iraníes. Para solucionar el conflicto, el teniente coronel Carlos Carreño, gerente comercial de FAMAE, lideró las negociaciones. Irán exigió como compensación un avión F-5 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y propuso un contrato de suministros militares por 200 millones de dólares, que incluía la compra de otros 15 aviones F-5. De haberse concretado, Chile habría cedido el 40% de su flota operativa de ese modelo.
El proceso se interrumpió abruptamente el 1 de septiembre de 1987, cuando el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestró al teniente coronel Carreño en la "Operación Príncipe", manteniéndolo cautivo tres meses antes de liberarlo en Brasil. Carreño, quien debía viajar a Teherán justo el día siguiente a su captura, ha sostenido que su secuestro fue orquestado por el Ejército o la Fuerza Aérea en colusión con organismos de izquierda. El oficial argumentó que sus captores manejaban información reservada sobre las fallas de las bombas "avispa" y que el rapto sirvió como excusa para no cerrar el trato con Irán y evitar tensiones internas entre el Ejército y la FACh.
Sobre la trayectoria de Carreño, existen antecedentes judiciales que lo vinculan con el operativo en el Liceo Darío Salas en noviembre de 1973, que resultó en la muerte de Sergio Osmán Negrete Castillo. Aunque fue procesado como cómplice, la Corte de Apelaciones de Santiago lo absolvió en 2020, decisión ratificada por la Corte Suprema en 2023.
Mientras la Fuerza Aérea de Chile ha celebrado recientemente los 50 años de los F-5, destacando su rol en la protección de la soberanía nacional, la institución ha omitido cualquier mención a estos episodios de ventas secretas y crisis diplomáticas.
