Una compleja situación legal y social se ha desencadenado en Ciudad del Este, donde Beatriz Zárate, una mujer dedicada al rescate y cuidado de animales, denuncia una serie de intervenciones reiteradas y presuntos excesos por parte de la Municipalidad local. El caso salió a la luz luego de que Diana Camarasa se comunicara con la redacción de Popu para denunciar que Zárate habría sido intervenida en su domicilio en aproximadamente 16 ocasiones.
Según el relato de Camarasa, Zárate no es una rescatista profesional ni posee un refugio formal, sino que destina gran parte de sus propios recursos económicos, siendo una persona de nivel socioeconómico medio-alto, para rehabilitar y cuidar animales con problemas de salud y movilidad. La denunciante cuestionó la intensidad de las acciones municipales contra la rescatista en comparación con la aparente inacción del Estado ante casos reales de maltrato animal, afirmando que la labor de Zárate supera la de cualquier estamento público.
Por su parte, Beatriz Zárate brindó su versión de los hechos, confirmando que el conflicto se extiende hace varios años. Relató que en su anterior residencia, ubicada en el kilómetro 6½ del barrio San Isidro, la Municipalidad ingresó entre siete y ocho veces debido a denuncias por ruidos, olores y la cantidad de perros. A pesar de que las inspecciones no arrojaron irregularidades graves, el acoso fue tal que la propietaria del inmueble decidió no renovarle el contrato de alquiler. Tras mudarse a su domicilio actual hace menos de dos años, las inspecciones continuaron, registrándose cuatro ingresos adicionales donde, según Zárate, todo se encontraba limpio y en regla.
El episodio más reciente ocurrió el pasado 7 de septiembre, cuando seis funcionarios, divididos entre las áreas de Higiene y Salubridad y Obras Públicas, se presentaron en su vivienda. En esta ocasión, Zárate decidió no permitir el ingreso, argumentando agotamiento por las constantes intervenciones y la preocupación de que la presencia masiva de personas alterara el estado emocional de los animales. Tras este incidente, la mujer fue notificada con la exigencia de abandonar la vivienda o reubicar a los perros, aunque sostiene que no se le ha demostrado una falta concreta. Asimismo, cuestionó que funcionarios de Obras Públicas le solicitaran planos y documentos del impuesto inmobiliario, documentos que, al ser ella inquilina, corresponden al dueño del inmueble.
Uno de los puntos más críticos de la controversia es la exposición pública en redes sociales. Zárate señala a Marlene González Mendoza, fiscal municipal, de haber publicado comentarios en Facebook calificando la vivienda de insalubre, alegando hacinamiento de animales y malos olores, y asegurando que la situación atentaba contra la salud de los vecinos. La afectada considera que estas acusaciones fueron realizadas públicamente sin haber sido comprobadas formalmente, por lo que ya ha solicitado una investigación y posible sanción sobre la conducta de la funcionaria, apelando al profesionalismo e imparcialidad que debe regir la función pública.
A pesar de la tensión, Zárate informó que mantuvo una videoconferencia con representantes municipales, destacando un diálogo respetuoso con Juan Martínez, con quien alcanzó un principio de acuerdo. La rescatista se comprometió a reforzar el control sobre los animales para reducir los episodios de ladridos y solicitó que las futuras inspecciones sean coordinadas y con previo aviso para evitar el estrés de los canes. El caso ha sido remitido al Tribunal de Faltas, donde se tiene prevista una audiencia para el 21 de septiembre, a la cual asistirá su hija acompañada de un abogado.
No obstante, Zárate advirtió que la tregua se vio afectada poco después de la reunión por ruidos provenientes de la propiedad lindera, específicamente golpes sobre la chapa divisoria que provocan la reacción inmediata y los ladridos de los perros. Sostiene que se deben analizar los estímulos externos antes de atribuir la responsabilidad únicamente a los animales.
Finalmente, la mujer aclaró que, aunque tiene bajo su responsabilidad económica a 164 perros, seis gatos y un hámster, no todos residen en su casa. Los canes están distribuidos en diversos hogares temporales y zonas como el kilómetro 10, camino a Presidente Franco y O’Leary. Zárate enfatizó que su conflicto no es contra las inspecciones legítimas, sino contra los excesos, la difamación pública y la falta de rigor técnico en los procedimientos municipales.
